Conocida es la oposición férrea del alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, al tranvía. Un sistema de transporte del que renegó desde el principio solo porque venía abanderado por el anterior gobierno socialista. “Yo no me montaré en el tranvía”, dijo el alcalde como promesa electoral previa a las Municipales de 2011. Y dicho y hecho. El alcalde arrasó en las urnas y dejó el flamante tranvía (que solo había circulado en pruebas) en la estacada, por más que diga que fue un juez quien lo suspendió.
Este mayo, pues, se cumplirán cuatro años desde la paralización de la principal infraestructura construida en Jaén en muchas décadas, tanto como para revolucionar el entramado urbano de la ciudad desde la zona norte al centro. 120 millones de euros (contando el valor de los vagones que ha de asumir el Ayuntamiento) de inversión pública que siguen siendo el emblema del despilfarro de dinero público a escala nacional, tal solo comparable con el aeropuerto sin aviones de Castellón.
Desde entonces, el alcalde ha ido buscando un pretexto detrás de otro para argumentar su oposición al tranvía, aunque el principal de todos no es otro que el ser rehén de su profecía “yo no me montaré en el tranvía”. Bajo el argumento del alto coste para las arcas municipales del servicio, el alcalde ha ido tirando por tierra uno tras otro todos los intentos por reactivar el tranvía, aunque para ello tuviera que ocultar algunos informes o, si se quiere de otra manera, no decir toda la verdad sobre ellos. La última prueba es el informe elaborado por Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña (FGC), que fue la empresa pública catalana que estuvo interesada en su concesión aunque finalmente desistió. Según ese informe, el déficit de explotación del tranvía sería de 1,8 millones de euros anuales (más la amortización de los vagones), muy lejos de los cinco o seis millones que siempre ha aducido el alcalde para no asumir el servicio. Es cierto que esa cifra es tomando como referencia la reducción a la mitad de los servicios y de la frecuencia de los tranvías, pero ha servido para evidenciar que el alcalde ocultó en su día datos cuando compareció ante la prensa para presentar la auditoría de FGC.
El alcalde tampoco concede validez al estudio de la Consejería de Fomento, que estima en 2,6 millones el coste del tranvía, y seguro que no tomará en consideración ninguna otra propuesta por más ventajosa que sea para las arcas municipales. Su decisión es clara, con un gobierno del PP no habrá tranvía, de ahí que entregara las llaves a la Junta. Eso sí, es una postura contradictoria con la decisión del PP, aprobada en el último pleno del año, de pedir para el tranvía la consideración de transporte metropolitano para implicar en su financiación a la Junta de Andalucía.
Sea como fuere, en lo que sí tiene razón el alcalde es que se trata de un tema endemoniado, tal y como asegura que le dijo el expresidente de la Junta José Antonio Griñán durante una visita a Jaén. Un tranvía endemoniado, sí, pero la responsabilidad de los representantes públicos es dialogar para hacer el mejor uso de los servicios públicos, y mucho más si ya están construidos. Urge una solución, por favor.
