El PP de Jaén presentará mociones en todos los Ayuntamientos de la provincia para rechazar la futura Ley de Amnistía

Redacción | 15 Noviembre 2023 Provincia

Elena González explica que los pactos de Pedro Sánchez son absolutamente perjudiciales para todos los españoles, pues violan el principio de igualdad y ponen en riesgo el futuro de España.

El Partido Popular de Jaén presentará en todos los Ayuntamientos de la provincia una moción para que las corporaciones municipales, como representación democrática de cada municipio, manifiesten su firme adhesión a la Constitución española de 1978 y su voluntad de defender el Estado de Derecho, su rechazo a la aprobación de una Ley de Amnistía y a la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España, y el apoyo a las actuaciones judiciales llevadas a cabo contra los implicados en el proceso independentista, realizadas desde la independencia judicial, así como a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña. Así lo ha explicado la secretaria general, Elena González: “Esperamos la adhesión de todos los grupos políticos de todos los plenos municipales pues solo así estaríamos defendiendo los intereses de nuestra provincia y la igualdad de todos los españoles”. Y es que la moción también persigue que los plenos de las corporaciones por unanimidad rechacen la concesión de privilegios económicos o fiscales a otros territorios pues “rompen con la igualdad y solidaridad” y afecta negativamente a los intereses de Andalucía y del resto de administraciones públicas, y en especial a los ayuntamientos. “El pacto entre el Partido Socialista y Junts per Catalunya supone un grave

ataque contra la Constitución que nos dimos todos los españoles en 1978 y contra el Estado de Derecho que fuimos capaces de construir”, ha apostillado.

Y es “un grave ataque al Estado de Derecho” porque el pacto contempla la aplicación de una amnistía para todos aquellos implicados y condenados por el proceso de independencia, en un rango de años que va desde 2012 a 2023, con independencia de los delitos que hayan podido cometer, lo que significa declarar que “los hechos delictivos condenados por el Código Penal se convierten en legales y que el Estado actuó inapropiadamente”. En resumen, ha dicho González, la aplicación de una ley de amnistía ataca gravemente el principio de separación de poderes, que es un principio esencial de toda democracia y de todo Estado de Derecho, y rompe con el principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley proclamada por el artículo 14 de la Constitución, “pues, ante un mismo delito, un ciudadano declarado independentista no rendirá cuentas ante la justicia, y otro que no se reconozca independentista sí lo hará”. Es decir, la Ley de Amnistía establecerá dos clases de ciudadanos en España: “una primera clase que podrá no rendir cuentas ante sus delitos y una segunda que, ante los mismos delitos, sí tendrán que hacerlo”.

El acuerdo de Pedro Sánchez también abre la puerta a la celebración de un referéndum de autodeterminación, algo expresamente prohibido en la Constitución, como ha manifestado en reiteradas ocasiones el Tribunal Constitucional, y establece un supuesto sistema de negociación entre España y Cataluña al margen de todos los mecanismos constitucionales y legales. Asimismo, supone un grave ataque contra el Estado de las Autonomías, porque el pacto rompe el principio esencial de igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España, al contemplar la cesión a Cataluña del 100% de los tributos, contribuyendo también de este modo al debilitamiento del Estado.

Otro punto que devalúa nuestra democracia y que da la puntilla a nuestro Estado de Derecho es la aceptación del concepto ‘lawfare’ por el Partido Socialista, a través del cual el PSOE acepta que los jueces han perseguido y acosado ilegalmente al separatismo y que han judicializado de forma interesada los ataques a la Constitución y los muchos intentos de ruptura del Estado. Este término también implica considerar inocentes a los golpistas y culpables a los tribunales que los juzgaron, extendiendo esta culpabilidad a la actuación de la Guardia Civil y Policía Nacional en defensa de la unidad de España y de la convivencia de los españoles, y estableciendo la figura de comisiones parlamentarias de investigación como órgano de revisión de las actuaciones judiciales que, en declaraciones de la Unión Progresista de Fiscales, “podría suponer, en la práctica, una intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes”.