El PSOE exige responsabilidades al alcalde tras la sentencia contra el Ayuntamiento por vulneración de derechos a un letrado municipal
Redacción | 
Jaén
La socialista África Colomo recuerda lo que ha costado este procedimiento, una indemnización de 7.500 euros al trabajador y 14.000 más para contratar a un abogado externo”.
El PSOE exige responsabilidades al alcalde, Agustín González Romo, tras la dura sentencia que condena al Ayuntamiento por vulneración de derechos fundamentales y represalias a un letrado del Servicio Jurídico, un área que defiende asuntos sensibles para la ciudad.
Así se ha expresado la secretaria de Política Municipal del PSOE y concejala socialista en el Ayuntamiento de Jaén, África Colomo, tras hacerse pública la sentencia que condena al Ayuntamiento de Jaén por vulneración de derechos fundamentales y a pagar una indemnización de 7.500 euros por separar a un letrado del Servicio de Asesoría Jurídica Municipal que llevaba 16 años en este área con una importante carga de trabajo.
“Es de una gravedad sin precedentes, por tratarse de un servicio por el que pasan procedimientos de alto voltaje y donde se han batido el cobre sus letrados para defender en miles de procedimientos anuales los intereses generales y económicos de la ciudad”. “No existe razón objetiva que justifique este traslado más allá de que este empleado estaba incurso en una serie de procedimientos para preservar sus derechos, por lo que la sentencia recoge que la Concejalía ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución, el derecho que le asiste a la tutela judicial efectiva, con una medida arbitraria que además desmantelaba el servicio, que ya tiene solo 3 plazas de 4 cubiertas”, sostiene Colomo.
“Este empleado tuvo que recurrir a medidas cautelarísimas para evitar que se le trasladase de servicio, que además intentó la intermediación sin éxito del alcalde, Agustín González Romo”. Es más, esta situación ha tenido un coste de más de 14.000 euros a la ciudad para contratar un servicio de abogados externo, para un procedimiento de flagrante vulneración de derechos fundamentales para no dejar trabajar a los servicios jurídicos. “A nadie escapa que el objetivo del PP es externalizar la asesoría con el riesgo que eso conlleva para defender los intereses de la ciudad”, sostiene Colomo, en alusión al interés del PP para tutorizarlo desde la privatización. “Y por supuesto, esto supondría un coste añadido para Jaén, una paradoja cuando el PP habla de contención del gasto”, asevera.
La decisión de apartar a este letrado fue tomada por el concejal Vicente Oya, del PP, que también es ahora edil de Personal, una doble responsabilidad que afecta directamente al trabajador y que reviste de mayor gravedad la sentencia. “Es una sentencia contra la que cabe interponer recurso de suplicación, pero es muy dura, al entender que esa decisión es una represalia frente al letrado por los procedimientos judiciales que había interpuesto previamente frente al Ayuntamiento de Jaén en reclamación de sus derechos laborales”.
“Nos encontramos ante decisiones que afectan a un servicio muy sensible del Ayuntamiento, que ha llevado casos de corrupción como el de Matinsreg, una trama de empresas de fuera de Jaén que trabajaron sin contrato en servicios públicos de la ciudad que dejaron arrasados en la etapa de Gobierno del PP, o el caso de la demanda por el cambio del servicio de autobús tras décadas sin contrato con la anterior concesionaria”, relata. “Es un servicio especialmente sensible y clave en la defensa de los intereses generales del Ayuntamiento que nunca deben ser los del partido que gobierne en ese momento”, subraya Colomo. Además, recuerda especialmente los juicios abiertos por Aqualia tras reclamarse en el anterior mandato, del PSOE, 63 millones de euros por desajustes derivados de las modificaciones indebidas en los convenios con el Ayuntamiento y por el que se exige a la empresa que ejecute por ese importe obras de saneamiento pendientes desde hace años en la ciudad. Con la llegada del PP, estos procesos se paralizaron y ahora permanecen en el dique seco.