Rodríguez propone una ley de Agricultura que regule la apropiación de beneficios por la gran distribución
La candidata a la presidencia de la Junta el próximo 2D, Teresa Rodríguez, que se ah referido también a la subida de las pensiones, ha centrado este miércoles sus actos de campaña en Pegalajar y Jaén capital, acompañada de Antonio Maillo y el candidato por Jaén José Luis Cano.
La candidata de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado hoy en Jaén que su formación trabajará en el Parlamento para conseguir una Ley de Agricultura, Ganadería y Soberanía alimentaria que regule la apropiación de beneficios por parte de las grandes distribuidoras, fundamentalmente extranjeras, y asegure a los productores no sólo cubrir costes sino conseguir rentas para crear riqueza en sus municipios. Rodríguez, que junto a Antonio Maillo, candidato a la vicepresidencia de la comunidad autónoma andaluza ha visitado hoy Jaén, ha llamado la atención sobre el aumento de la despoblación en las provincias de Jaén y Córdoba, algo que se ha agudizado con la crisis económica por lo que es necesario “recuperar la Ley de Comarcas porque es el mecanismo con el que mejor podemos aprovechar los recursos” y apuntó que su formación va a regular también las marcas blancas porque han supuesto “un abuso, especialmente con el aceite de oliva”.
Sobre el medio rural, la candidata de Adelante Andalucía ha destacado en Pegalajar la importancia del trabajo de las mujeres en el campo donde, sin embargo, sufren la discriminación de los empresarios que prefieren contratar a varones para tareas que también pueden desarrollar las mujeres. Especialmente para ellas, que son las que principalmente desarrollan los trabajos de cuidados, es importante “auditar los servicios que se han perdido en el medio rural, como pediatras o matronas” e incrementar la inversión en servicios relacionados con la dependencia para favorecer la integración al mercado laboral de las mujeres.
Por su parte, Antonio Maíllo calificó de “ley de corta y pega” la actual normativa vigente en Andalucía y afirmó que nuestra comunidad autónoma necesita “un nuevo marco para negociar la PAC, entre otras cosas, para eliminar la discriminación de la mujer rural”. El candidato a la vicepresidencia de la Junta asegura que “hay dos propuestas, la del PSOE de corte y pega o la de un Gobierno de Adelante Andalucía que suponga la transformación y el reforzamiento de un modelo productivo al que solamente le queda crecer y desarrollar su potencial” para lo que la clave es la distribución y la transformación.
Pensiones
Sobre el anuncio realizado hoy por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de la subida de las pensiones no contributivas, Teresa Rodríguez ha asegurado que la partida destinada a tal fin supondrá sólo 40 céntimos más por prestación. La candidata de Adelante Andalucía calificó de “insulto a quienes están cobrando 380 euros al mes” el incremento de estos 40 céntimos, según la partida de 500.000 anunciada por la presidenta. “Es un uso electoralista del Gobierno y de la Administración”, señala Rodríguez quien recuerda que “nos gastamos 700.000 euros en ayuda a los alquileres de los altos cargos” por lo que “es un trato ofensivo el que se da a la gente que cobra estas pensiones”. La propuesta de Adelante Andalucía para la dignificación de estos salarios pasa por incrementar 10 veces lo que se destina hasta alcanzar los 5 millones de euros “que son los que se gastan en publicidad institucional de la empresa púbica de Turismo y Deporte”.
Energías limpias
José Luis Cano, candidato de Adelante Andalucía por Jaén, destacó el gran potencial de Jaén para crear riqueza a partir de energías limpias pero para ello se necesita destinar recursos a la implantación de industrias que tengan como base de su producción los elementos necesarios para ello. Cano apunto que “somos una provincia que lo tiene todo para estar a la cabeza de las energías renovables y lo vamos a conseguir”.
Por su parte Mamen Barranco, en la línea de Teresa Rodríguez, reclamó para las mujeres rurales un marco legal que obligue a los empresarios a contratar los trabajos en el campo de manera equitativa y contar para ello con mujeres que ahora son rechazadas en las tareas agrícolas.