El ayuntamiento de Jaén da el primer paso para anular el contrato del servicio municipal de autobuses con Castillo

Redacción | 15 Octubre 2019 Jaén

El pleno, con la abstención de PP y Vox, aprueba la revisión del decreto de 2005 que ampliaba por 25 años la concesión del transporte urbano a la empresa.

 El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha definido como “histórico” el pleno extraordinario en el que se ha aprobado el inicio del expediente de revisión de oficio del decreto de Alcaldía, del 25 de julio de 2005, que permitió la ampliación de la concesión del servicio de autobús urbano a favor de Herederos de José Castillo por 25 años. El acuerdo de pleno ha contado con las abstenciones de PP y Vox y con el sí del equipo de Gobierno (PSOE-Cs) y de Adelante Jaén. Desde que en 1961 se firmó el primer concierto con la empresa esta ha venido prestando el servicio de forma ininterrumpida sin mediar de por medio proceso de licitación alguno. “Podemos decir que tras casi 60 años, por fin el Ayuntamiento de Jaén va a iniciar una acción que permita recuperar un servicio tan básico como es el transporte urbano”, ha dejado claro el máximo responsable municipal, convencido de que, con esta medida, esta prestación fundamental “será por fin del siglo XXI”. “Cabe recordar que el contrato original, redactado a puño y letra, es de 1961. Ya estaba bien. Los ciudadanos nos exigían una respuesta urgente ante un hecho que nos lastra en materia de transporte público”, ha reflexionado Julio Millán que ha hecho hincapié en el hecho de que el actual equipo de Gobierno ha “dada una respuesta con la máxima celeridad”.

El alcalde ha recordado que el propio servicio de contratación municipal reconoce que en este acuerdo con Autobuses Castillo se ha prescindido del necesario “procedimiento administrativo” y que la renovación por 25 años del servicio por decreto en julio de 2005 incurre hasta en 3 posibles causas de nulidad: por estar firmada por órgano incompetente (por decreto del alcalde en lugar del pleno), por la justificación de la prórroga a cambio de una mejora en el servicio cuyas razones de interés público ni siquiera quedaron documentadas en el informe, y por vulnerar el procedimiento de licitación establecido para este tipo de concesiones. Una vez que el pleno de la Corporación le ha dado el visto bueno a esta decisión del Gobierno municipal, el alcalde ha recordado que se abre un periodo de alegaciones, en el que podrá participar la propia empresa, y en el que se solicita un informe al Consejo Consultivo de Andalucía, el órgano superior que en Andalucía está encargado de la observancia de de la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico y cuyos dictámenes no podrán ser remitidos ulteriormente para informe a ningún órgano u organismo de la Comunidad Autónoma. Posteriormente, se procederá a la nulidad definitiva.

Millán ha apuntado que en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía ya se llama la atención sobre la ausencia de procedimiento en la prórroga suscrita en 2005 que ya “tenía casi las condiciones de una concesión, cuando originalmente, se estableció un concierto”. En este informe se dejaba patente que el sistema de renovación automática desde 1961 de la concesión a la empresa Castillo, el último de estos procesos el de 2005 que ahora sirve de base para la retirada del servicio, “impide de facto la convocatoria pública de la licitación del servicio, apreciándose en ello la vulneración de principios sobre los que pivota la contratación pública, tales como los de concurrencia, igualdad, transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos (sic)”. No se trata de un informe vinculante pero si es determinante para dar este paso. Millán deja claro que al emprender este expediente se busca velar “por el interés general de la ciudadanía”.

Cantos: “Era un clamor popular”

La segunda teniente de alcalde y concejala de Promoción Económica, María Cantos, ha puesto en valor el hecho de que el nuevo equipo de Gobierno “tiene como banderas la participación, la transparencia y la legalidad”. “Sabemos que es un clamor popular que la ciudadanía no estaba satisfecha con el servicio”, ha afirmado Cantos que ha recordado la obligación de los responsables públicos de “no hacer las cosas por decreto, sino con el respaldo del pleno con un procedimiento y un expediente, tramitado como debe de tramitarse”. “Hemos venido al Ayuntamiento no para hacer amigos, sino para ser responsables. Asumimos cualquier consecuencia, porque la ciudadanía lo merece y tenemos que tomar cartas en el asunto”, ha argumentado la concejala.

En el transcurso del pleno, el concejal de Contratación y Control de Servicios Públicos, Francisco Lechuga, ha dejado claro que el expediente por el que se solicita la nulidad está completo. En concreto, el equipo de Gobierno se centra en la última prórroga del servicio que el PP hizo por 25 años en 2005, dos años antes incluso de que acabara la anterior prórroga. Este expediente incluye el decreto de Alcaldía, el informe del secretario, el informe del concejal de Transportes de la época y la propuesta de mejora que hace la empresa, único elemento en el que se basa la última prórroga. Lechuga ha recordado que el Ayuntamiento destina más de 50 millones de euros anuales a las concesionarias de servicios públicos ye stas han de prestarlos con la máxima calidad y bajo el debido control municipal, una cuestión que no se ha tenido en cuenta en todo este tiempo. Ha señalado que la municipalización del servicio de transporte no es una cuestión que pueda abordar en estos momentos el Ayuntamiento de Jaén con su situación económica, pero ha dejado claro que el paso que hoy ha dado el Ayuntamiento va encaminado a que el servicio se preste bajo los criterios de transparencia y libre concurrencia, además de su prestación con criterios de calidad que no coinciden con los que actualmente definen el servicio.