Csif recurrirá al Constitucional para evitar los recortes de Zapatero a los funcionarios

Redacción | Economía

El consejo andaluz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, Csif, se ha debatido hoy en Jaén la situación en la que se encuentran los empleados públicos a causa de los recortes salariales y ha anunciado que va a presentan dos recursos de inconstitucionalidad, a nivel regional y nacional.

En la reunión del consejo andaluz de la Csif,  se han establecido también medidas y  directrices de cara a las elecciones sindicales que tendrán lugar el próximo otoño.  El presidente de Csif Andalucía, Rafael Hurtado de Mendoza, ha explicado que el sindicato presentará dos recursos de inconstitucionalidad, uno a nivel autonómico y otro estatal, contra el Decreto Ley que aprueba los recortes. “No se puede modificar el sueldo de los trabajadores si no se hace a través de los convenios colectivos. Esta medida se ha aplicado unilateralmente e incumple el acuerdo que se alcanzó el pasado septiembre entre sindicatos y Gobierno, en el que ya se aceptaba una moderación salarial”, explica. También ha animado a los trabajadores públicos a que presenten un recurso de forma individual cuando reciban su primera nómina con el recorte ya aplicado.

Con respecto a la Reforma Laboral, Csif prefiere esperar al texto definitivo para pronunciarse. “Veremos si la Reforma Laboral fomenta el empleo estable y es respetuosa con los derechos de los trabajadores pero, hoy por hoy, no nos planteamos ir a la huelga general convocada el próximo 29 de septiembre”, concluye Hurtado, presidente autonómico de CSI-F.

Además, el presidente de Csif Andalucía ha puesto de manifiesto su desacuerdo en la aplicación del “Decretazo” aprobado por el Gobierno central en el que se reducirá el sueldo de los funcionarios un 5% de media. “Las medidas anunciadas por el Ejecutivo eran evitables, además de que son muy injustas para los trabajadores públicos”, ha expuesto. Hurtado de Mendoza ha añadido que los recortes en las retribuciones complementarias que propone la Junta de Andalucía agravarán la diferencia que existe entre los funcionarios andaluces y los del resto del país.