La libertad de prensa en España, en tela de juicio
Antonia Merino [Periodista] | 
Opinión
El pasado día 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Como declaración de principios está bien; sin embargo, los hechos en España nos hacen ver una realidad muy alejada del ideal de un país democrático. Los periodistas asistimos a un cúmulo constante de ataques desde el poder al ejercicio de nuestra profesión. Dos informes nos dan pistas del actual estado del periodismo en nuestro país. El primero de ellos elaborado por Reporteros Sin Fronteras sitúa a España en el puesto 33, por detrás de países como Namibia (17), Ghana (22) o Surinam (29), en lo concerniente a la libertad de prensa. Este estudio permite conocer la situación de 180 países en lo que se refiere al pluralismo y la independencia de los medios, la seguridad y el respeto a la libertad de los periodistas. La lista la lideran los países nórdicos. El otro informe procede de Amnistía Internacional y en él se acusa al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) de coartar la libertad de expresión y reunión tras el recorte de derechos por la ley de seguridad ciudadana, la denominada 'Ley Mordaza', y la reforma del Código Penal. Ambos análisis evidencian el retroceso en nuestro país de la libertad de información.
Este recorte en el derecho a la información se ha convertido además en las señas de identidad de una legislatura que agoniza. Nunca el partido del Gobierno había tenido en democracia un control tan férreo sobre los medios. No sólo sobre los medios públicos, también sobre los privados, cuya precariedad económica ha agravado su dependencia del poder (político y financiero). En estos cuatro años de legislatura, el Ejecutivo del PP ha optado por convocar ruedas de prensas sin preguntas, vetar a periodistas en las comparecencias, manipular la televisión pública, colocar a sus contertulios más afines en las tertulias de Radio Nacional de España, presionar para modificar los contenidos de los informativos, eliminar de la parrilla algunos de los programas más populares de debate en televisión e incluso provocar el cese de periodistas. La lista de damnificados es amplia, Ana Pastor, Juan Ramón Lucas, Xabier Fortes, Esther Palomera y el último, Jesús Cintora. Incluso un periodista como Pedro J. Ramírez, que parecía intocable, fue destituido como director del medio que fundó, El Mundo, por sus denuncias contra el PP, personalizadas en Rajoy y fundamentadas en la corrupción y el caso Bárcenas.
El periodismo por definición debe ser incómodo para el poder. Y a pesar de innegables servidumbres, en estos años de democracia, con mayor y o menor acierto, ha mantenido o ha tratado de mantener esa función de salvaguarda para los ciudadanos como garante de una información veraz y rigurosa.
Hasta la fecha, los gobiernos democráticos, en ocasiones muy a su pesar, habían aceptado estas reglas del juego. Y pese a críticas y reproches han aceptado el rol de los medios de comunicación. Hasta ahora, cuando el gobierno del PP ha sobrepasado las 'líneas rojas' y ha utilizado y utiliza todos los medios a su alcance (publicidad, fiscalidad...) para presionar a los medios privados y públicos para impedir el libre ejercicio de la profesión periodística y vulnerar el derecho de los ciudadanos a la información.
Sin periodismo no hay democracia. Por mor de repetirla parece una frase hecha. Pero no estaría de más que los ciudadanos y los propios políticos, en especial los de los partidos de la oposición, comiencen a creerlo. Los periodistas hace mucho tiempo que estamos convencidos de ello. Salvo los del pesebre; pero esos son de otra casta.