Jaén capital registró hoy sendas protestas laborales de empleados públicos y trabajadores de Muebles Carchelejo
Redacción | 
Economía
La capital ha sido esta mañana el escenario de varias protestas laborales de empleados públicos y de la extinta Agencia del Agua que denuncian la privatización a manos de Egmasa y de los 19 trabajadores de la empresa Muebles Carchelejo, que piden a la Junta que explique cuántas ayudas públicas ha dado a la empresa.
Los 19 trabajadores de la empresa Muebles Carchelejo se han concentrado esta mañana ante la sede delegación de Economía e Innovación de la Junta en Jaén para protestar por la situación laboral en que se encuentran: en huelga desde hace más de un mes por el impago de las nóminas desde hace 7 meses. Los trabajadores demandan de la Junta de Andalucía que se les aclare la cantidad de incentivos públicos que la empresa recibió de la Agencia IDEA y el uso al que se destinaron.
En esa tesitura, los trabajadores han decidido llevar sus quejas ante la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y piden mantener una reunión con el delegado de Economía y Innovación, Manuel Gabriel Pérez, a efectos de conocer datos concretos sobre las ayudas y las cuantías recibidas por esta fábrica.
Los trabajadores acordaron a primeros de julio convocar una huelga indefinida, después de seis meses sin percibir sus salarios y tras varias negociaciones fallidas con la empresa.
Agencia del Agua
Por otra parte, el grupo de trabajadores de la Agencia del Agua de la Junt aen Jaén han unido sus protestas ante la subdelegación del Gobierno con los de otro grupo de empleado público convocados por la FSP-UGT.
Los empleados de la Agencia protestan por lo que claifican de privatización de esta entidad a través de la empresa pública Gemaza, que supondrá la pérdida de muchos de sus derechos como empleados públicos.
Este colectivo exige de la Junta “seguir siendo empleados públicos de la administración y seguir manteniendo todos los derechos y obligaciones derivados de los nombramientos y contratos de trabajo existentes en la administración publica a la que estamos adscritos”, según exponen en una nota informativa.
Finalmente, un centenar de empleados públicos de la Junta han denunciado la situación de indefensión en la que se encuentran tras la convalidación del Decreto-Ley que reordena el sector público andaluz “por vulneración de sus derechos económicos y profesionales, lesionando los derechos fundamentales como ciudadanos y servidores públicos”, han explicado.
Con esta resolución, explican desde la FSP, convalidada por el Gobierno Andaluz, “se produce un daño irreparable al empleado público afectado, que está mermando su salud y la de sus familias, está anulando sus inquietudes de promoción y está vaciando de contenido su trabajo”.
El Decreto-Ley afecta especialmente al personal laboral de la Administración que accedió a la misma cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad al igual que el personal funcionario, y que “con esta reordenación va a ser discriminado y perjudicado al no existir garantía alguna de conservación de sus puestos de trabajo, aseguran.