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Comienza en Bruselas la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) que deberá entrar en vigor en 2014

Cañete destaca el frente común que presentan las 17 comunidades autónomas andaluzas, mientras el consejero Luis Planas mantiene un encuentro con los eurodiputados del PSOE, PP e IU y la Coag anuncia movilizaciones contra la propuesta de reforma sobre la que se va a trabajar.

El 2014 está a la vuelta de la esquina y lo que es peor, 2013 antes, cuando finalizarán los actúales parámetros de la actual Política Agraria Común. Por eso, no es cuestión de perder tiempo y cuanto antes debe iniciarse una negociación que se prevé larga y difícil.

Este martes, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha insistido en Bruselas en la necesidad de que la nueva Política Agrícola Común (PAC) esté "bien dotada" económicamente y que sea "fácil de aplicar" para los agricultores españoles, con flexibilización en modificaciones clave como, por ejemplo, el reverdecimiento de las ayudas.

Arias Cañete ha viajado a la capital europea acompañado por los 17 consejeros autonómicos de agricultura con el objetivo de intensificar los contactos con los servicios del comisario del ramo, Dacian Ciolos, y con eurodiputados, y de subrayar las prioridades y preocupaciones del sector y las regiones.

Planas

Por su parte, el consejero andaluz de Agricultura, Luis Planas, ha calificado de satisfactorio el encuentro mantenido con europarlamentarios andaluces del PSOE, PP e IU, con objeto de recabar apoyos a la posición andaluza sobre la futura reforma de la PAC y ha expresado su confianza en que el presupuesto para el próximo marco financiero se cierre pronto.

El consejero ha insistido en la importancia y peso estratégico del sector agrario andaluz, que por sus características específicas, riqueza y tipo de cultivos requiere de un sistema de reparto de ayudas que reconozca su singularidad y contribuya al mantenimiento de una agricultura productiva, fuente de riqueza y empleo, y que ayude a seguir fijando la población a los núcleos rurales. En ese sentido, ha abogado por el mantenimiento de un marco financiero adecuado para los intereses andaluces, y ha destacado la gestión que la comunidad autónoma andaluza viene haciendo, tanto de las ayudas directas de la PAC (unos 1.600 euros anuales), como de los pagos del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía (alrededor de 400 millones de euros al año).

En esa línea de garantizar un marco financiero suficiente para el futuro del agro andaluz, Planas ha recordado la importancia de que se cree la figura de “regiones de transición” para aquellas comunidades que, como Andalucía, han dejado de ser región de convergencia, y cuyo porcentaje de cofinanciación se mantendría en un 75% en vez de en un 50%.

Otras de las principales reivindicaciones andaluzas es demandar que se desarrollen las herramientas necesarias en el marco de la futura PAC para dar una respuesta ágil y eficaz a los episodios de crisis del sector agrario que inciden de manera negativa sobre el sector agrícola y ganadero.

Movilizaciones

Por su parte, la COAG, ha inicaido esta mañana en Madrid una campaña reivindicativa contra la propuesta de Política Agraria Común que se está debatiendo, para su aprobación, en las instituciones comunitarias. Según esta organización, de aprobarse el contenido de la propuesta, se pondría en grave riesgo la sostenibilidad de la agricultura de nuestro país y, en particular, del modelo social de agricultura, hoy mayoritario. “Esta PAC amenaza a producciones estratégicas como el lácteo y otros sectores ganaderos, la remolacha azucarera, sectores hortícolas, cereales, patata, vino, etc.”, señalan.

COAG prepara un proceso de movilizaciones a lo largo del otoño para exigir otro modelo de política agraria y alimentaria.  Una adecuada regulación de mercados, unos precios remunerativos al agricultor, el mantenimiento de cuotas y derechos de producción, la regulación de la cadena alimentaria, la defensa del principio de preferencia comunitaria, el control de importaciones, una política de ayudas dirigida al fomento del empleo agrario y una política de desarrollo rural que fomente la agricultura, la transformación local y la incorporación de jóvenes y mujeres.